Altos cargos de la era de Bush alertan de que no cerrar Guantánamo será un error muy caro

Las autoridades y los abogados del ejército estadounidense que ayudaron a abrir y a gestionar la conocida cárcel de Guantánamo señalan que Donald Trump podría repetir un error de 6.000 millones de dólares si decide mantenerla abierta.

En la que fue la única novedad en política exterior anunciada por Trump en su discurso del Estado de la Unión, que pronunció el martes pasado, el presidente de Estados Unidos firmó un decreto para dejar sin efecto los esfuerzos llevados a cabo por Barack Obama durante ocho años para cerrar estas instalaciones penitenciarias situadas en Cuba y anunció que podría enviar a “muchos” nuevos detenidos a la cárcel de Guantánamo.

Los que en su día participaron en los preparativos para abrir la cárcel y poner en funcionamiento los juicios militares para juzgar a los detenidos durante la presidencia de George W. Bush alertaron de que esta medida puede ser perjudicial, extremadamente costosa, una fuente de tensión para el ejército y servir como excusa para que los grupos terroristas puedan reclutar a nuevos integrantes.

“En relación a las comisiones (juicios) militares de Guantánamo, cometimos tantos errores durante tanto tiempo que no tenemos perdón”, indica el coronel retirado Morris Davis, elexjefe de la fiscalía de los juicios militares puestos en marcha en 2002.

“Nos hemos gastado unos 6.500 millones de dólares en la cárcel de Guantánamo. ¿Qué hemos obtenido a cambio? Ha sido una pérdida de dinero. Podríamos haberlos encarcelado en una prisión federal (en EEUU) por mucho menos dinero. En Guantánamo hay unos mil soldados desplegados que podrían estar en otro lugar del mundo. Estos juicios han socavado nuestra credibilidad”, indica Davis.

El grupo de derechos humanos Human Rights First estima que el coste anual de tener a un prisionero en la Bahía de Guantánamo es de unos 10 millones de dólares, comparado con los 78.000 dólares que supone tener a un prisionero en una cárcel de máxima seguridad de Estados Unidos.

Desde la apertura de la cárcel a principios de 2002, han pasado por Guantánamo 780 detenidos. Solo tres de ellos han sido juzgados y condenados en la base militar, mientras que otro, Ahmed Ghailani, fue posteriormente llevado ante un tribunal federal de Estados Unidos y condenado por su participación en los atentados contra las embajadas de Estados Unidos en Kenia y Tanzania en 1998.

Estados Unidos ha enviado a más 700 prisioneros a otros países. De los 41 prisioneros restantes, 23 están en una situación de detención indefinida sin que se hayan presentado cargos o celebrado un juicio.

Davis fue jefe de la fiscalía de 2005 a 2007 y presentó su dimisión para mostrar su desacuerdo con el hecho de que se utilizaran pruebas obtenidas mediante tortura. Recuerda haber presenciado el traslado en avión de 14 detenidos considerados “muy importantes” desde cárceles secretas que la CIA tiene a lo largo y ancho del mundo hasta la bahía de Guantánamo en setiembre de 2006. Desde entonces, solo uno de ellos, Ghailani, ha sido juzgado o condenado; y este juicio se celebró en un tribunal federal de Nueva York.

“Ya estamos en 2018 y los otros 13 hombres que se subieron con él en el avión siguen en el limbo legal de Guantánamo”, indica el exfiscal. “La auténtica tragedia es que las familias de las víctimas de los atentados del 11-S no han tenido la justicia que tanto anhelaban. Esto podría haber terminado hace mucho pero se ha convertido en una cuestión política”.

En el decreto que acaba de anunciar, Trump ha dado 90 días a su secretario de Defensa, James Mattis, y a otros altos cargos de su Administración para que puedan diseñar una nueva estrategia para los “combatientes ilegales” detenidos en el campo de batalla. El presidente ha señalado que Estados Unidos debería “seguir teniendo todo el poder necesario para detener a terroristas, tanto en la fase de búsqueda, como en la de captura como, en muchos casos, manteniéndolos bajo custodia en Guantánamo”.

A pesar de la promesa que hizo Trump durante la campaña presidencial, cuando afirmó que llenaría Guantánamo de “tipos malos”, hasta la fecha su Administración ha sido reticente a mandar a sospechosos de terrorismo a esta cárcel.

El mes pasado, postergó la decisión sobre si enjuiciar a un presunto miembro de Al Qaeda, un sudanés que ha sido retenido durante más de un año por las fuerzas de los Emiratos Árabes Unidos en Yemen, y que, según se informó anteriormente, iba a ser enviado a la cárcel de Guantánamo.
Contentar a votantes conservadores

John Bellinger, consejero legal en la Casa Blanca de George Bush, afirma que, habida cuenta de todos los errores que se han cometido con anterioridad, Trump se encontrará con muchas instituciones reacias a volver a llenar de prisioneros la cárcel de Guantánamo.

“Creo que este decreto que quiere dejar sin efecto el decreto del presidente Obama cuyo objetivo final era cerrar la cárcel no es tanto un cambio de política sino más bien una forma de contentar a sus votantes más conservadores”, afirma Bellinger. “Sospecho que el Departamento de Defensa, el Departamento de Justicia y el Departamento de Estado se opondrán al envío de nuevos detenidos a Guantánamo”.

Alberto Mora, el consejero jurídico del Departamento de Marina de 2001 a 2006, expresó su esperanza de que Mattis, quien ya persuadió a Trump de no reanudar el uso de la tortura, también pueda convencerlo ahora de que no envíe a más presos a Guantánamo, lo que Mora considera “un despilfarro ridículo y extravagante de mano de obra militar”.

Sin embargo, Mark Fallon, exinvestigador jefe del grupo de investigación criminal del Departamento de Defensa, subraya que incluso si no envía a más prisioneros a la base militar, el anuncio de Trump ya ha tenido efectos negativos.

“En el mundo, Guantánamo simboliza la injusticia, la opresión y la tortura”, indica Fallon, que escribió el libro Unjustifiable Means: The Inside Story of How the CIA, Pentagon and US Government Conspired to Torture [Medios injustificables: cómo la CIA, el Pentágono y el gobierno de Estados Unidos conspiraron para torturar]. “Así que cuando el presidente habla de ampliar esta operación, me temo que lo que hace es poner en peligro a nuestros soldados desplegados en el extranjero y también pone en riesgo nuestra seguridad nacional”.

“Yo confiaba en este operativo”, recuerda Davis: “Pensé que teníamos la oportunidad de hacer justicia y que podríamos estar orgullosos”.

Cuando asumió el cargo de jefe de la fiscalía de loa juicios militares dijo a su equipo: “Quiero que llevemos a cabo esta misión de forma que nuestros nietos piensen en Guantánamo como nosotros pensamos en Nurémberg”.
“Tuvimos una oportunidad y la desperdiciamos”, lamenta.
Traducido por Emma Reverter
Fuente: eldiario.es

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