Buscan probar que Báez utilizó facturas falsas

La llave para avanzar sobre Lázaro Báez por lavado de activos se encuentra en Bahía Blanca. Y la clave estaría en el uso de facturas falsas por decenas de millones de pesos que emitieron tres grupos de empresas de la ciudad por servicios que jamás prestaron o por los que inflaron sus precios a Austral Construcciones, la nave insignia del empresario santacruceño.Baez

Báez afronta varias investigaciones judiciales, tanto en la Argentina como en Uruguay y Suiza, pero recién el martes pasado, por primera vez, un fiscal pidió que se lo cite a indagatoria como sospechoso de lavar millones de dólares. Y lo hizo con un ejemplo concreto: la compra de un campo en Mendoza por US$ 5 millones, con el financista Leonardo Fariña como intermediario.

Sin embargo, para concretar esa indagatoria el fiscal Guillermo Marijuan y el juez de la causa, Sebastián Casanello, deben precisar cuál habría sido el delito precedente de esas supuestas operatorias de blanqueo. Es decir, ¿por qué ese dinero que se pretende lavar es ilícito?, ya que la investigación sobre el empresario se inició antes de que se reformara la legislación y se fijara al lavado como delito autónomo.

La sospecha de los investigadores es que ese delito precedente podría encontrarse en Bahía Blanca. Así surge de registros contables, declaraciones tributarias, cheques y recibos que diario La Nación acumuló durante diez meses y reveló el pasado 19 de octubre.

Esa facturación falsa le permitió a Báez reducir los impuestos que pagó durante años a la AFIP, que concentró sus investigaciones sobre las empresas emisoras de esas facturas truchas, pero no sobre los libros contables de Austral Construcciones, gran beneficiaria de la obra pública en Santa Cruz a lo largo de la última década.

Ahora, sin embargo, el fiscal Marijuan y el juez Casanello miran con atención lo que ocurre en Bahía Blanca, ya que las facturas falsas no sólo le permiten evadir impuestos a la empresa receptora, sino también acumular fondos negros por fuera de su contabilidad.

Las sospechas sobre lo que ocurre en Bahía Blanca se potenciaron cuando sólo un día después de que se revelara la millonaria madeja de evasión, Echegaray confirmó que tres grupos empresarios de esa ciudad estaban bajo fiscalización y que por lo menos una firma, Calvento, “no tiene actividad comercial” y era considerada “una usina de facturas truchas”.

Echegaray confirmó también que Austral Construcciones recibió facturas de esa firma fantasma, por lo que la empresa de Báez también se encontraría bajo fiscalización, aunque evitó informar cuándo se inició ese análisis o el monto que se sospecha que podría haber evadido.

Con el jefe de la DGI, Ángel Toninelli, a su derecha, Echegaray precisó que las sociedades fiscalizadas son Calvento y Grupo Penta -de la familia Ficcadenti, integrada por Franco, Silvio y Enzo Ficcadenti-, la empresa Constructora Patagónica Argentina -de los Ferreyra, otra familia bahiense-, y la firma Iberoamericana de Servicios, de la familia Pedraza.

Echegaray cargó contra Calvento SA como “usina de facturas falsas”, pero calló sobre las otras dos empresas de la familia Ficcadenti: Terrafari y Grupo Penta, que carece de empleados, vehículos o gastos de combustibles, pero facturó millones a Austral.

Según los balances de Grupo Penta y de la constructora de Báez muestran, sin embargo, desajustes en los números que informan ambas empresas sobre sus relaciones comerciales.

Así, por ejemplo, Grupo Penta declaró ventas por 302.000 y 853.000 pesos en sus balances 2009 y 2010. Pero durante esos años, Austral Construcciones consignó compras por 1,3 millones y 2,3 millones de pesos a Penta, que se suman a otros siete millones de pesos que otra firma bajo sospecha, Constructora Patagónica, declaró que también le compró a Penta durante esos mismos años.

Consultado uno de los dueños de Constructora Patagónica, Antonio Ferreyra, admitió problemas tributarios, aunque responsabilizó a los dueños de Grupo Penta, los Ficcadenti.

Para entonces, casi tres años después de elaborar esos balances, los dueños de Grupo Penta se presentaron en 2013 en la Regional de la AFIP, en Bahía Blanca. Pidieron rectificar sus declaraciones juradas, afirmaron que les habían robado documentos contables de su automóvil y presentaron otro supuesto balance, pero sin la certificación requerida por ley.

Fuente: pagina95.com

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