El descalabro minero

Por fuera de las retóricas de ocasión, y los intentos del oficialismo por imponer que lo peor del kirchnerismo ya forma parte del pasado, lo real es que existen continuidades bien claras en algunas políticas que se solidificaron durante los años de Néstor y Cristina.

Una de ellas corresponde a la decisión de sostener un modo de producción agrícola basado en las siembra de semillas transgénicas sujetas a fumigaciones que promedian los 300 millones de litros de agroquímicos por año. Esto es, a un promedio de más de 6,5 litros de pesticidas aplicados por cada argentino.

Este aspecto incluye acuerdos con las principales multinacionales que controlan este negocio, desde Monsanto -ahora bajo control de Bayer- hasta Dow, pasando por Syngenta y Nidera, y también un diálogo fluido con compañías locales como Atanor o Bioceres.

Ejemplo de ello está en el desarrollo de la inminente modificación a la Ley de Semillas; marco que le otorgará a los creadores de, precisamente, semillas modificadas genéticamente, un “copyright” sobre los cultivos además de que acotará las posibilidad de los pequeños campesinos de acopiar granos para uso propio.

Otra área productiva en la que el macrismo mantiene la dirección iniciada por el kirchnerismo es la minería.

En ese sentido, lo ocurrido ahora con Barrick Gold y su proyecto Veladero, con otro derrame de cianuro en la provincia de San Juan justo en el mismo mes en que se cumple un año del peor desastre ambiental en la historia de la minería local, pone sobre el tapete la decisión del Gobierno de cuidar el estado de situación de este tipo de multinacionales. Lamentablemente, en detrimento de las poblaciones aledañas a los yacimientos.

De ahí que, a sólo una semana del segundo derrame de veneno a las aguas de los ríos sanjuaninos, desde Cambiemos confirmaron a Adelanto 24 que el yacimiento continuará funcionando sin inconvenientes una vez que “Barrick haga una serie de obras para evitar que esto vuelva a pasar”.

“Tienen que cambiar toda la infraestructura. Una vez que se alineen con las exigencias del gobierno de esa provincia no vemos por qué Veladero no puede continuar en marcha. Tienen que mejorar sus muros de contención y, al mismo tiempo, cambiar las pautas de impermeabilización que utiliza la empresa. También, frenar la circulación de los fluidos de la minera hacia los torrentes de agua potable”, expresó una fuente cercana al ministro Bergman.

A sabiendas que de continuará operando, Barrick tomó nota y comenzó a realinear su estrategia. Así, y tras detener momentáneamente la extracción en San Juan, el lunes emitió un comunicado asegurando que la actividad industrial en la mina Veladero fue detenida para adecuarla “a la infraestructura exigida por el Gobierno provincial”.

Según ese comunicado, se puso en marcha una serie de tareas que incluyen la mejora de “7,5 kilómetros de bermas circundantes que constituyen el perímetro del valle de lixiviación”, y se afirmó que “ya ha comenzado la limpieza de toda la extensión de las bermas”, para lo cual se dispuso el trabajo de más de 150 personas.
La “berma” es una especie de muro de contención que se usa en piletones o en lagunas artificiales como la que desbordó líquido cianurado días atrás en San Juan.

En el reporte se indicó que “se sigue llevando a cabo la limpieza de los canales perimetrales Norte y Sur, que son los que evitan que el agua de deshielo entre en contacto con el valle de lixiviación”.

Cerca de 20 equipos (topadoras, retroexcavadoras y camiones volcadores) trabajarán en estas adecuaciones, informó la empresa. Y agregó que, una vez terminadas las obras, elaborará “un informe final que elevará a las autoridades con los pormenores de todas las actividades realizadas y cada una de sus derivaciones”.

Hasta ahí, la posición de la compañía. Al momento en que se escriben estas líneas no se conoce sanción directa alguna para la Barrick, al menos desde el Gobierno nacional. Muy por el contrario, el macrismo sólo anticipó que denunciará a la compañía ante los tribunales de San Juan por supuesto incumplimiento en los protocolos de seguridad y comunicación. Apenas eso.

Por el momento, el oficialismo ni siquiera osó mencionar la posibilidad de vetar las operaciones de la compañía incluso por acciones que exceden al conocido vertido de cianuro. Un ejemplo en esa dirección: Veladero se levanta en zona de glaciares, por lo que la mina viola claramente el marco jurídico estipulado para esos cuerpos de hielo.

Producto de la inacción oficial, y por pedido del fiscal Ramiro González, este último martes el juez federal Sebastián Casanello ordenó allanar el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable.

Este movimiento llegó por efecto de dos abogados, Enrique Viale y Diego Seguí, quienes presentaron un expediente solicitando el cierre del yacimiento justamente por violar la Ley de Glaciares. ¿Cuál ha sido la reacción de Cambiemos ante esta acción? Ninguna.

“Por primera vez se requiere información concreta sobre la aplicación de la Ley de Glaciares en la mina Veladero. El hecho en sí mismo es impresionante. Ahora habrá que analizar la documentación que se tomó”, contó Viale a Adelanto 24.

“Todo parece indicar que Bergman tiene a su cargo la tarea de hacer ingresar la megaminería, allí precisamente en las provincias donde hay resistencia social. En los hechos esto significa que el Ministro de Ambiente se convirtió en un virtual Ministro de Minería de la Nación”, añadió.

Por supuesto que esta lentitud oficial en los reflejos -adrede o no-, viene siendo totalmente aprovechada por los actores del sector minero. Otra muestra de reacción tardía está en lo que ocurre respecto de otro problema asentado también en la provincia de San Juan.

La chilena Los Pelambres, propiedad del poderoso grupo trasandino Luksic, creó una escombrera de material potencialmente contaminante en territorio sanjuanino, en el que arrojó unas 55 millones de toneladas de residuos peligrosos.

Se trata de 52 hectáreas ocupadas con desechos que ya sepultaron las lagunas del área y ahora están a un paso de acumulase en los afluentes del río San Juan. Según pudo saber Adelanto 24, el gobierno provincial firmó un acuerdo para que la zona sea aislada, pero el basurero no será trasladado.

Los Pelambres opera a casi 4.000 metros y produce a razón de 350.000 toneladas anuales de cobre. El yacimiento inició su funcionamiento en el transcurso del 2000 y se calcula que su vida útil superará el año 2100. En concreto, la firma chilena dejó sobre tierras albicelestes escombros y residuos mineros que ocupan una superficie similar a 5 veces el estadio de River Plate. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable hasta el momento no se pronunció sobre este tema.

Por otro lado, y ya conforme con los resultados que le arrojó el negocio, Bajo La Alumbrera, el principal yacimiento de oro de la Argentina, prepara su cierre para finales del año próximo.

En la explotación, que ocupa 1.400 hectáreas ubicadas en la zona previa a la sierra del Aconquija, hay montañas de material desechado, un socavón de 500 metros de profundidad por 1.700 de diámetro y un dique de cola para contener la basura sólida una vez descartada.

Para su operatoria, la empresa utiliza un promedio de 2,7 millones de litros de agua por segundo que extrae del acuífero catamarqueño Campo del Arenal. Vale decir que se trata de la explotación de cobre, oro y molibdeno a cielo abierto más importante del país y opera hace casi 20 años. Por día, el yacimiento genera 300.000 toneladas de material estéril, de los que obtiene algo más de 100.000 de minerales.

Como bien informó Adelanto 24 en agosto pasado, sólo La Alumbrera consume por sí misma más energía que toda la provincia de Catamarca, al tiempo que su nivel de demanda también prácticamente empata la electricidad que utiliza toda la provincia de Tucumán.

Un trabajo de la organización Conciencia Solidaria al que accedió este medio especifica que el yacimiento en cuestión recibe suministro directamente de la central hidroeléctrica de El Chocón.

Por lo que se ve, La Alumbrera logrará retirarse invicta tras sufrir sucesivas denuncias y causas penales por presunta contaminación en Santiago del Estero, Catamarca y Tucumán, además de una investigación en la justicia federal de Rosario por tráfico documental y contrabando de minerales. Desde Cambiemos ya anticiparon que acompañarán el cierre de la mina en los términos que proponga la compañía.

Durante años, los vecinos de Andalgalá y Santa María del Valle, localidades ubicadas a unos 50 kilómetros del yacimiento, reclamaron por el impacto que tiene la explotación en el aire y el agua, y sus efectos sobre la salud humana. De hecho, familias de Vis-Vis, un pueblo ubicado a dos kilómetros del paredón del dique de cola, abandonaron el lugar y algunos demandaron a la empresa por daños de contaminación y destrucción de sembradíos y ganado.

La impunidad con que directamente operan algunas de las compañías que ejercen la actividad minera es tal que, por exponer otra particularidad, hay privados que jamás pagaron por el agua que utilizan para la extracción de materiales.

Por citar un caso, recién en abril de este año entró en vigencia el Fondo Fiduciario Salar del Hombre Muerto, conformado por aportes de la empresa Minera del Altiplano, por la deuda correspondiente al canon de agua que la empresa, instalada en la Puna, se había negado a pagar.

Desde que se instaló en Catamarca, a mediados de la década del 90, Minera del Altiplano jamás pagó el canon correspondiente al agua que usaba para la producción. La empresa realiza la extracción de litio y tiene tres plantas industriales en el Salar del Hombre Muerto.

Fundamentaba su posición en el contrato que firmó en 1997, durante la gestión del ex gobernador Arnoldo Castillo, y por esta situación existía un reclamo judicial. El año pasado, la empresa fue sancionada y en el marco de la renegociación de condiciones, FMC decidió asumir el pago del canon de agua, conforme al acta que firmó. También participó la subsecretaría de Recursos Hídricos.

Ya en la Patagonia, MCC Minera Sierra Grande, de capitales chinos y dedica a explotar hierro en ese punto de Río Negro, directamente no paga por la energía que consume: su gasto lo cubre el gobierno de esa provincia.

Sólo en julio pasado el Ejecutivo provincial abonó más de 3,1 millones de pesos en concepto de electricidad consumida por MCC, al tiempo que también se hizo cargo de cubrir los aportes patronales de los empleados de la minera.

“Aunque suelen señalarse las rupturas políticas y económicas del actual gobierno respecto del anterior, en no pocos campos priman las continuidades y aún peor, se apuesta al reforzamiento. Uno de ellos, que está tomando mayor estado de gravedad, se refiere a la megaminería”, concluye Viale, referente de la Asociación de Abogados Ambientalistas (AAA).

Los favores, ocultamientos y descalabros que exhibe la actividad en el interior de la Argentina, por ahora alientan a pensar que, más allá de los cruces entre el gobierno anterior y la actual gestión, lo que prevalece en cuestiones extractivistas no es más que un escenario de continuidades.
Fuente: adelanto24.com

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