El Estado nacional será querellante en la causa del soldado Alberto Ledo

El Estado nacional será querellante en la investigación por la desaparición en 1976 del conscripto Alberto Ledo. Se trata de la causa en la que el General (R) del Ejército César Milani será indagado mañana en Tucumán. Así lo resolvió titular del Juzgado Federal número 2 de esa provincia, Fernando Poviña, quien aceptó la solicitud realizada por la secretaría de Derechos Humanos que conduce Claudio Avruj, que ahora tendrá acceso a todo el expediente. Milani está imputado por los presuntos delitos de encubrimiento agravado y falsificación ideológica de instrumento público.

El 2 de noviembre pasado el funcionario y el ministro de Justicia Germán Garavano habían recibido a la madre y la hermana del soldado, Marcela y Graciela Ledo. Les exigieron el “acompañamiento” del Estado en la investigación. Tras la reunión entre los funcionarios y los familiares del conscripto, que cumplía el servicio militar obligatorio cuando desapareció el 17 de junio de 1976, se plasmó el pedido que el juez terminó por autorizar el último miércoles. “Encontrándose cumplidos los requisitos previstos por el artículo 82 y normas concordantes del Código Procesal Penal de la Nación, como así también atento las disposiciones de la ley 22.520, otórguese el rol de querellante a la secretaría de Derechos Humanos”, señala el escrito, al que tuvo acceso Clarín.

Antes de la reunión de noviembre, Graciela Ledo había cuestionado en duros términos la voluntad real de la administración de Mauricio Macri de avanzar en las causas de lesa humanidad y -en particular- contra Milani, jefe del Estado Mayor del Ejército entre 2013 y 2015. “Este gobierno no tiene voluntad de que las causas de lesa humanidad avancen. A este gobierno también le resulta útil un hombre como Milani”, había sentenciado durante una entrevista con La Izquierda Diario, en marzo.

“La madre de Ledo, que es una señora muy grande y muy entera, nos transmitió que su único deseo es que se haga Justicia antes de que tenga que irse de este mundo. Sufrió muchos años de maltrato e indiferencia por no alinearse políticamente. Por eso nos presentamos”, explicó Avruj a este diario. En la secretaría de Derechos Humanos creen que la condición del Estado como querellante le otorgará a la causa más visibilidad. “Es un acto de Justicia, independientemente del resultado”, dijeron.

Avruj recordó que su predecesor en el cargo, Eduardo Luis Duhalde, presentó en 2010 documentación que demostraba que Ledo y otros conscriptos eran vigilados durante su servicio. “Inexplicablemente Milani siguió ascendiendo en el Ejército ante el silencio de los organismos de Derechos Humanos”, sostuvo.

No es la primera vez que el Ejecutivo -en esta gestión y a través de la Secretaría de Derechos Humanos- pretende convertirse en querellante en una causa en la que el mismo Estado es investigado. En septiembre pasado, Avruj había realizado un pedido similar para que el Estado actuara como querellante en la causa de Jorge Julio López, desaparecido desde hace una década, luego de brindar un testimonio fundamental contra el ex jefe de la policía bonarense Miguel Etchecolatz. En aquella oportunidad, el juez federal de La Plata Ernesto Kreplak consideró -en base a un dictamen del fiscal Marcelo Molina- que de hacer lugar al pedido oficial, podría entrar una contradicción. “La incorporación de la Secretaría como querellante podría redundar en una contradicción para el desarrollo de la pesquisa”, señalaron.

En aquella oportunidad consideraron que si bien el Estado se había presentado como querellante en las causas por delitos de lesa humanidad sin cuestionamientos, en el caso de López el proceso podría estar viciado por la cercanía temporal. En el caso de Ledo esa condición se cumple parcialmente, por el alto cargo institucional que ejerció Milani en los últimos años. Si la causa se acelerara, podría tener impacto en la campaña electoral, aunque en el ministerio de Justicia se desentienden.

La secretaría de Derechos Humanos ha quedado en el centro de la polémica luego de la postulación oficial para que el abogado mendocino Carlos Horacio de Casas se incorpore a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Organismos del sector cuestionan que De Casas haya sido abogado defensor del represor Enrique Blas Gómez Saa. Por otra parte, en 2016 el Ejecutivo tomó la decisión de no apelar los fallos que favorecieran con prisión domiciliaria a militares presos. El organismo además debió explicar la detención de Milagro Sala, que le valió al Ejecutivo cuestionamientos de organismos y jefes de Estado extranjeros. Avruj sigue defendiendo la posición oficial: “El tiempo nos da la razón. Está dentro del ámbito de la Corte Suprema. Es un tema del Poder Judicial”.
Fuente: noticiasyprotagonistas.com

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