El proceso de paz es un obstáculo para la paz

La presidencia estadounidense ha acumulado una serie de tradiciones que se espera perpetúe cualquiera que acceda a ella. Como pronunciar el Discurso del Estado de la Unión en el Congreso, encender el Árbol Nacional de Navidad y comandar el proceso de paz israelo-palestino. El próximo presidente continuará, sin duda, con las tres. Pues bien, si él o ella siguen la pauta establecida por sus últimos predecesores, el resultado será el fracaso. De hecho, proseguir con el proceso de paz tal como se ha hecho hasta ahora será no sólo sino, sin duda alguna, perjudicial.

La gestión del proceso de paz ha hecho que la paz sea mucho menos probable. Es necesario un cambio fundamental en el enfoque estadounidense. Administraciones exitosas han fracasado en el proceso de paz porque no han entendido –o no han asumido– la naturaleza del conflicto que intentaban resolver. A ojos de las autoridades estadounidenses implicadas en esta empresa de largo recorrido, lograr la paz se ha asemejado a una negociación laboral. Han creído que cada una de las partes tiene una solución deseada, y que la tarea de EEUU es encontrar un punto medio satisfactorio, un conjunto de acuerdos que las partes puedan aceptar. Lo cierto es que cada una de las partes ha querido el fin del conflicto, pero de maneras radicalmente diferentes e incompatibles, que han imposibilitado su resolución: los israelíes han querido la paz; los palestinos han querido la destrucción de Israel.

En el núcleo del conflicto se erige, como un rascacielos en el desierto para cualquiera que se moleste en verlo, la negativa palestina a aceptar una soberanía judía en Oriente Medio. Esta actitud se ha mantenido durante al menos un siglo, desde el rechazo de los árabes a la Declaración Balfour de 1917. Aunque han cambiado muchas cosas en la región a lo largo de estas diez décadas, la causa fundamental del conflicto no lo ha hecho. La postura de los palestinos se expresa en su devoción a lo que se ha acabado llamando incitación: la incesante propaganda despectiva contra los judíos e Israel, la negación de cualquier vínculo histórico de los judíos con Jerusalén y sus inmediaciones y la insistencia en que todo el territorio comprendido entre el río Jordán y el mar Mediterráneo pertenece a los árabes, lo que convierte a los judíos que viven allí en intrusos deleznables, susceptibles de ser asesinados o desalojados. La actitud de los palestinos se ha manifestado también en la negativa de sus negociadores a aceptar cualquier propuesta para poner fin al conflicto o a presentar cualquier contraoferta propia. El objetivo de eliminar a Israel también es lo que subyace al hecho de que las autoridades palestinas glorifiquen como “mártires” a aquellos que asesinan a civiles israelíes y den a sus familias recompensas económicas para fomentar dichos asesinatos.

Las autoridades estadounidenses han ignorado o quitado importancia a todo esto. Nunca han hecho hincapié en su centralidad en el conflicto, sino en el control israelí de la ribera occidental del Jordán, que el Ejército israelí conquistó a Jordania en la guerra de 1967 y en la que Israel ha construido ciudades, pueblos y asentamientos. Las autoridades estadounidenses se han referido a la “ocupación” –como la comunidad internacional ha preferido denominarla– de la Margen Occidental como la causa del presente conflicto. En realidad es al revés. Es la persistencia del conflicto lo que mantiene a Israel en la Margen Occidental. Una mayoría de israelíes cree que conservar el control de todo el territorio acarrea un alto coste, pero que entregarlo por completo, dada la virulenta hostilidad de los palestinos hacia su propia existencia, implicaría costes aun mayores. Tienen todos los motivos para pensar que una retirada crearía un vacío que llenarían los grupos terroristas antiisraelíes. Hay abundantes precedentes que respaldan esa perspectiva: cuando Israel se retiró del sur del Líbano y de Gaza, dos organizaciones terroristas –Hezbolá en el Líbano y Hamás en Gaza– se hicieron con el control de los territorios desocupados y procedieron a lanzar ataques contra el Estado judío.

Aunque a veces reconocen en privado que no traería la paz, los estadounidenses implicados en el proceso de paz han justificado en el pasado seguir con él sobre la base de que ha servido a los intereses americanos, al posibilitar las buenas relaciones con los regímenes árabes al tiempo que se han mantenido los lazos estrechos con Israel. Según este razonamiento, los estadounidenses podrían decir a los dirigentes árabes, y esos dirigentes a sus públicos fervientemente antisionistas, que Estados Unidos, al fin y al cabo, estaba trabajando para atender sus reclamos.

De hecho, el conflicto nunca ha tenido la importancia que se ha alegado para las relaciones árabes-americanas. Los líderes árabes determinaron sus actuales políticas, hacia Estados Unidos y hacia otros países, sobre la base de sus propios intereses, y sobre todo de su común interés en permanecer en el poder, que casi nunca tiene nada que ver con Israel. Ahora, sin embargo, cuando las guerras civiles están arrasando toda la región, Estados Unidos se está retirando de Oriente Medio y su archienemigo Irán es cada vez más poderoso, los líderes árabes han dejado siquiera de fingir que el conflicto entre los israelíes y los palestinos tenga mucha importancia para ellos.

El proceso de paz se ha vuelto, por tanto, innecesario para Estados Unidos, incluso por el razonamiento que lo sustentaba en el pasado. En su forma habitual es, no obstante, aun peor. Ha causado verdadero daño y seguirá haciéndolo si no cambia en lo fundamental. En realidad, la gestión estadounidense del mismo guarda un desgraciado parecido con la costumbre de tratar las enfermedades aplicando sanguijuelas al cuerpo del paciente: se basaba en una comprensión equivocada de la patología que pretendía curar, no resolvía el problema que intentaba resolver y a veces lo agravaba de manera sustancial.

El enfoque ortodoxo del proceso de paz ha dañado los intereses americanos y provocado el desperdicio de la materia prima más valiosa que posee el Gobierno de Estados Unidos: el tiempo de sus dignatarios. Ha sido perjudicial, también, porque ha desviado la atención de la verdadera causa del conflicto –la negativa palestina a aceptar la legitimidad y la pervivencia de Israel–, reduciendo así la ya pequeña probabilidad de ponerle fin. Y, lo peor de todo, ha sido un obstáculo real para la resolución del conflicto al apoyar –inintencionadamente– la actual estrategia palestina de eliminar al Estado judío.

La actual estrategia palestina es la tercera desde la fundación de Israel. La primera, que empezó con la declaración de independencia del Estado judío (1948), conllevó ataques frontales de las fuerzas árabes con el objetivo de la conquista, ocupación y aniquilación de Israel. Fracasó con la aplastante derrota de los ejércitos egipcio, sirio y jordano en junio de 1967. La segunda estrategia recurrió al terrorismo, con el objetivo de desmoralizar a todos los ciudadanos israelíes y provocar en última instancia la implosión de su sociedad. Aunque el terrorismo persiste, también ha fracasado: Israel se ha convertido en una isla de solidaridad, estabilidad política y dinamismo económico en una región donde los demás países carecen de las tres cosas.

En los últimos años, los palestinos y sus aliados han adoptado una tercera estrategia: la de la deslegitimación. Han buscado presentar a Israel como una potencia neocolonial que practica el mismo tipo de discriminación que caracterizó a la Sudáfrica del apartheid. El movimiento Boicot, Desinversiones y Sanciones (BDS) es el instrumento más visible de esta estrategia, cuyos partidarios buscan convertir a Israel en un paria internacional y así debilitarlo, primero económicamente y después de manera letal.

Esta estrategia también fracasará, entre otras cosas porque las acusaciones que lanza son falsas. Sin embargo, el proceso de paz ha dado a sus defensores motivos para creer que puede funcionar. Las autoridades palestinas, lideradas primero por Yaser Arafat y ahora por Mahmud Abás, han logrado asegurar el fracaso de todas las negociaciones con Israel mediante su intransigencia, al tiempo que han eludido la responsabilidad del fracaso. Administraciones estadounidenses exitosas se han abstenido de decir al mundo –de manera clara, enfática y reiterada– por qué, exactamente, nunca ha prosperado el proceso de paz. La Administración Obama ha echado la culpa a Israel. Al no refutar el falso relato sobre la suerte del proceso de paz y, lo que es peor, al propagarlo, el Gobierno estadounidense ha reforzado la estrategia de deslegitimación y debilitado aún más las ya de por sí escasas posibilidades de resolver el conflicto.

¿Qué debería hacer, entonces, la próxima Administración? Sería un avance si abandonara completamente el proceso de paz. Si, como la historia dice que es probable, insiste en seguir los pasos de las últimas siete Administraciones y decide seguir adelante con él, debería hacer dos cambios fundamentales en su forma de gestionarlo. Primero, debería decir la verdad sobre el conflicto israelí-palestino; en concreto, que la responsabilidad de su creación y perpetuación recae en el lado palestino. La paz requiere que los palestinos acepten la legislación internacional: Israel es un Estado legítimo y soberano que goza del reconocimiento internacional; requiere que los palestinos acepten los usos internacionales: Israel es el Estado nacional del pueblo judío, y el Estado nación es la forma habitual de organización política en el mundo; y requiere que los palestinos acepten las normas habituales de decencia y sentido común: los judíos tienen el mismo derecho a la soberanía que cualquier otro pueblo. Es decir, que la paz requiere un cambio fundamental de actitud por parte de los palestinos. Nada menos.

Las negociaciones serán infructuosas, en el mejor de los casos, sin esa transformación, lo que plantea la pregunta de cómo saber que se ha producido. Esto lleva al segundo cambio que debería acometer la próxima Administración si insiste en seguir adelante con el proceso. El próximo presidente debería poner como condición para reanudar las negociaciones que los palestinos renuncien al denominado derecho al retorno.

Los palestinos han insistido en que, como parte de cualquier solución, todos los descendientes de los 400.000 árabes que huyeron de lo que se convirtió en Israel en 1948 –un grupo que, afirman, abarca a varios millones de personas– puedan establecerse en Israel. Además de ser completamente inviable, la exigencia es moralmente absurda. Los refugiados originales se marcharon a causa de una guerra que comenzaron los árabes, no los israelíes. El Gobierno israelí les pidió incluso que se quedaran, y los árabes les dijeron que se marcharan, prometiéndoles que volverían tras la esperada destrucción del nuevo Estado. La exigencia tampoco tiene precedentes históricos. El siglo XX ha visto otras huidas masivas, como la de los hindúes de Pakistán y la de los musulmanes de la India cuando se dividió el subcontinente en 1947, por ejemplo, y la de los judíos de los países árabes, que fueron expulsados en muchos casos de lugares donde sus ancestros habían vivido durante siglos, en números comparables, si no mayores, que el total de árabes que abandonaron el nuevo Israel en 1948. En ningún caso se esperó que el país que los refugiados abandonaron los aceptara de nuevo.

El derecho al retorno tampoco tiene ningún fundamento en la legislación internacional. Los palestinos afirman que emana de la Resolución 194 de la Asamblea General de Naciones Unidas, de 1948. Esa resolución, que estaba dedicada principalmente a otros asuntos, incluía un párrafo que sugería el retorno de todos los refugiados –incluyendo implícitamente a los judíos que habían vivido en los países árabes– a sus lugares de origen. No tenía carácter obligatorio y nunca pretendió tener fuerza de ley. Los regímenes árabes nunca han hecho el menor esfuerzo por extender ese derecho a los judíos que han huido de sus países y, en cualquier caso, no votaron por la resolución cuando se presentó en la Asamblea General.

Esa exigencia palestina es en realidad un ataque a la soberanía del Estado judío, y por tanto forma parte de la centenaria campaña contra el sionismo. Sentencia que no se debería permitir a Israel ejercer la prerrogativa fundamental, y de hecho definitoria, de la soberanía, la de controlar sus propias fronteras. Sería también negar a Israel otra prerrogativa soberana, la de decidir quién tiene derecho a la ciudadanía. Al inundar el país de personas hostiles a él, al final el resultado de aplicar el derecho al retorno palestino sería la destrucción de Israel, que es seguramente la razón por la que los palestinos insisten en él.

En la ortodoxia del proceso de paz, el problema de los refugiados se clasifica dentro de las cuestiones de estatus definitivo: problemas que sólo se pueden abordar después de que todos los demás, más fáciles, hayan sido resueltos. De hecho, la insistencia en el derecho al retorno asegura el fracaso de las negociaciones y, por tanto, no deberían empezar siquiera, porque equivalen a la insistencia palestina en alcanzar lo que es innegociable: la desaparición de Israel.

Sólo cuando los palestinos demuestren su aceptación de Israel renunciando a esa exigencia será posible abordar los problemas que exige la negociación: la frontera entre Israel y un Estado palestino, que podría suponer el desplazamiento de algunos asentamientos judíos hacia el este de la frontera oriental de Israel de 1967, y la disposición de las fuerzas militares entre la nueva frontera y el río Jordán. Mientras que, como dejan claro reafirmando su derecho al retorno, los palestinos se nieguen a vivir pacíficamente al lado de un Estado judío, las negociaciones serán en el mejor de los casos una pérdida de tiempo y, en el peor, una forma de perpetuar el conflicto alentando a los palestinos a persistir en su objetivo de aniquilar Israel.

Sin duda, los dos cambios necesarios en el enfoque de Estados Unidos del proceso de paz no traerán la paz por sí solos. Únicamente el abandono de la actitud elemental de los palestinos hacia Israel puede lograrlo, y EEUU no tiene el poder de provocar ese cambio de actitud. Pero los cambios tendrían consecuencias deseables. Desalentarían la estrategia deslegitimadora al dejar claro que Estados Unidos rechaza sus premisas, lo que a su vez reduciría, aunque no eliminaría, las corrientes a su favor en Estados Unidos y donde es más popular, en Europa. Reducir ese apoyo sería un mensaje para los palestinos de que, al igual que un ataque militar frontal y el terrorismo, la deslegitimación no logrará la destrucción de Israel.

Esos dos cambios también elevarían el tono moral de la política exterior americana. Decir la verdad sobre el conflicto israelo-palestino sería una afirmación de la defensa estadounidense de la legalidad internacional, la democracia, la resolución pacífica de las disputas internacionales y el principio de igualdad de derechos para todos los pueblos. También significaría afirmar que Estados Unidos se opone a la agresión y al terrorismo. Es decir, pondría a Estados Unidos –por utilizar una expresión habitual de las últimas Administraciones– en el lado correcto de la historia.
Fuente: elmed.io

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