La ONU cuestiona falta de apoyo a la agricultura familiar

Tanto es así, que un informe de la Relatoría Especial sobre el Derecho a la Alimentación de la ONU advierte sobre el fuerte impacto negativo que tendrán esas medidas en los sectores más vulnerables de la población en el país.

“La adopción de estas políticas en medio de una severa crisis económica, que ya aumentó significativamente la pobreza y redujo la capacidad de compra de los pobres, intensificará el impacto sobre la realización del derecho a la alimentación en la Argentina”, señala el documento que lleva la firma de la experta Hilal Elver, relatora especial de la ONU sobre el derecho a la alimentación.

El informe remarca que el gobierno argentino debería haber apoyado al sector de la agricultura familiar en el país, a fin de proteger la disponibilidad de alimentos.

A esta altura, no es un secreto que las políticas de la Casa Rosada apuntan a beneficiar solo a las grandes empresas del agro y, en ese sentido, el mencionado informe observa que en el modelo de la agricultura industrial (agronegocios, de transgénicos y agrotóxicos) a gran escala que se impuso en los últimos años en el país “es esencial que se tome en cuenta el verdadero costo de los métodos de producción en relación con el suelo y los recursos hídricos, y el impacto de la degradación ambiental sobre generaciones futuras, en lugar de concentrarse únicamente en la rentabilidad y el crecimiento económico a corto plazo”.

Cabe recordar que Elver y un equipo de especialistas visitó la Argentina en septiembre pasado para recorrer localidades y entrevistar a pequeños productores de distintas provincias. Esta semana se conoció el informe preliminar que elaboró y que será presentado en breve ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

En el escrito, la experta reitera la importancia que tiene la agricultura familiar para lograr el objetivo de una alimentación adecuada y saludable para todos los argentinos. “Debería ponerse empeño en promover la agricultura familiar como prioridad. Es la única manera de lograr un equilibrio, única manera de lograr una solución sostenible y justa para el pueblo argentino”, señala en el documento.

Pero la voz de esta Relatoría Especial de la ONU no es la única que alerta sobre el desmantelamiento que sufre la agricultura familiar y las consecuencias sociales que traerán las políticas públicas que, en ese sentido, impulsa el macrismo. En agosto pasado, la Comisión Nacional de Justicia y Paz, que depende de la Conferencia Episcopal Argentina, manifestó su preocupación por la drástica reducción de personal y presupuesto que afecta a distintas delegaciones de la Subsecretaría de Agricultura Familiar de la Nación, un organismo que hasta 2015 estaba enfocado a reducir las desigualdades en las distintas economías regionales del país a través de la asistencia al trabajo de los pequeños y medianos productores agropecuarios.

Vale recordar que, particularmente en nuestra región, los trabajadores de Agricultura Familiar venían cumpliendo una valiosa e irremplazable tarea con asistencia técnica y económica a pequeños productores y sus familias.

Merece destacarse que el informe de la ONU también hace referencia a la situación que viven los argentinos que pertenecen a las comunidades originarias, señalando que como consecuencia de la expansión de la frontera agrícola, “incluida la soja, y como resultado de otras políticas discriminatorias, las familias de los pueblos indígenas se vieron forzadas a dejar las zonas en las que vivían y, en algunos casos, tuvieron que migrar hacia las ciudades cercanas en busca de trabajo, sufriendo en muchas ocasiones una discriminación sistemática”.

El documento, además, dedica un párrafo a cuestionar el uso masivo de agrotóxicos en Argentina, a la vez que alerta por el desmonte masivo. Por otra parte, en oposición al empleo de agroquímicos, observa que las prácticas agroecológicas han demostrado ser exitosas en muchos países, logrando no solo buenos rendimientos sino también la promoción de los productores locales y de las prácticas que respetan el medio ambiente.

Es de esperar que el gobierno nacional y también las administraciones provinciales y municipales tomen nota del verdadero costo que tendrá el actual modelo de agricultura con plaguicidas. No se equivoca la experta de la ONU cuando advierte también que sería un error solo considerar la rentabilidad y el crecimiento económico a corto plazo.
Fuente: diarionorte.com

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