Los húngaros sin hogar temen ser el próximo blanco de ataque de Viktor Orbán

Son muchos los países que han tenido que lidiar con el problema de la falta de una vivienda pero Hungría podría convertirse en el primero que prohíbe por ley dormir en la calle. A partir de la semana próxima, ser una persona sin techo vulnera la constitución del país. Los activistas temen que esta medida marque el inicio de una campaña política del Gobierno de derechas de Viktor Orbán contra las personas que viven en la calle. Hasta ahora, su blanco de ataque han sido los refugiados y los migrantes, a los que considera una amenaza para el país.

“El Gobierno se ha percatado que no puede estar atacando a los inmigrantes eternamente, simplemente porque no hay inmigrantes en el país. Su discurso en contra de la inmigración le sirve en campañas nacionales pero a nivel local necesita otro chivo expiatorio”, indica Gábor Iványi, un sacerdote metodista que coordina centros de acogida para personas sin hogar en el octavo distrito de Budapest.

A partir de la entrada en vigor de la nueva normativa, las personas sin techo que se nieguen a ir a un centro de acogida cuando así se lo indique la policía, irán a la cárcel o tendrán que participar obligatoriamente en un programa de trabajo. También se les podrá confiscar sus pertenencias.

Las personas sin hogar son una parte visible del paisaje urbano de Budapest y duerme en parques y pasos subterráneos. Iványi señala que los centros de acogida no disponen de suficientes camas. En uno de ellos cada habitación tiene decenas de camas de metal. En invierno, este centro con capacidad para unas 130 personas alberga hasta 300, y se ve obligado a colocan esterillas de yoga en el suelo.

De hecho, muchas personas sin hogar indican que los refugios de la ciudad son tan precarios que prefieren dormir en la calle. “Están llenos de piojos y una vez que uno se contagia, es muy difícil deshacerse de ellos”, lamenta Erik Jeczkel, un hombre de 47 años que ha vivido los últimos 20 años en la calle. Busca comida en los cubos de basura. “La policía del distrito me ha golpeado varias veces. Se ponen guantes para no dejar moretones. Intentan que te vayas a otro distrito para que dejes de ser su problema”.

La cruzada legal del Gobierno húngaro contra las personas sin hogar se remonta prácticamente a la toma de posesión de Viktor Orbán en 2010. El ministro del Interior puso facilidades para que las autoridades locales pudieran sacar a las personas sin techo de la calle. Sin embargo, una sentencia del Tribunal Constitucional indicó que esta medida era contraria a la Constitución del país.

El Gobierno ha reaccionado con una estrategia que ha utilizado cada vez que una de sus iniciativas es cuestionada: reformar la Constitución. Ahora, una enmienda ha convertido en ilegal dormir en la calle cerca de un lugar de interés cultural u otros lugares de interés. En la práctica, esto convierte en ilegal dormir en muchas de las calles de Budapest.

“Son muchos los países que debaten la posibilitar de tipificar como delito dormir en la calle pero hasta donde yo sé Hungría es el único que aborda esta cuestión en la Constitución”, indica Bálint Misetics, un sociólogo y activista que lucha por el derecho al acceso a una vivienda digna.

Conforme a la legislación vigente hasta la fecha, la policía está autorizada a pedirle a una persona sin techo que se vaya de donde esté. Con la reforma constitucional, que entrará en vigor el 15 de octubre, pesa una prohibición universal sobre las personas sin hogar.

El portavoz de Orbán, Zoltán Kovács, ha explicado que, en proporción, el Gobierno húngaro gasta más que muchos gobiernos de Europa occidental para dar respuesta a las necesidades de las personas sin hogar, y ha afirmado que es absurdo calificar la nueva ley de despiadada. Asimismo, ha facilitado estadísticas que muestran que en 2018 el presupuesto del Gobierno para los servicios de atención a las personas sin hogar fue de 9.100 millones de florines húngaros (25 millones de libras esterlinas), lo que incluye la financiación de refugios gestionados por organizaciones benéficas.

“No existe el derecho humano de vivir en la calle porque la calle es de todos los ciudadanos. Es por este motivo que es necesario que se respeten ciertas normas”, ha puntualizado.

Sin embargo, el lenguaje en torno a las personas sin hogar utilizado por gran parte de los políticos carece de compasión. “Se comportan y actúan de una manera que molesta a los demás y contamina las calles. Hacen imposible el uso normal de las áreas públicas y generan miedo y repugnancia en la gente normal”, señaló el alcalde del décimo distrito de Budapest, Róbert Kovács, en una solicitud al Gobierno para que tomara cartas en el asunto y abordara el problema de las personas sin hogar de su zona.

Iványi, que bautizó a dos de los hijos de Orbán, pero que desde hace tiempo mantiene duros enfrentamientos dialécticos con el primer ministro, ha acusado al Gobierno de no abordar este problema de forma adecuada: “En la mayoría de los casos, no tener un hogar no es una elección. Criminalizar a las personas sin hogar es tan absurdo como criminalizar a las personas enfermas”.

Muchas personas sin techo tienen problemas mentales o adicciones. Otras, no han podido pagar sus hipotecas y no han quedado protegidas por una precaria red de ayuda social.

Una persona sin hogar y desempleada recibe unos 22.800 florines húngaros (63 libras esterlinas) al mes, mientras que las que se inscriben a un programa de trabajo auspiciado por el Gobierno reciben 54.000 florines. Con esta suma es difícil alquilar una habitación en Budapest.

Ilona Faras, de 55 años, no tiene casa desde la década de los 90. A veces vive en centros de acogida y otras, en la calle. “He tenido muchos trabajos, he limpiado centros comerciales y cafeterías pero cuando tengo dinero se lo doy a mis hijos. No me puedo permitir un alquiler”, explica.

Misetics señala que no tiene sentido hablar de la falta de vivienda como si se tratara de una cuestión puramente policial: “En Hungría se ha discutido mucho sobre la criminalización de las personas sin hogar, pero todavía no he oído a una autoridad del Gobierno hablar de cómo abordar el problema desde otros ángulos. No se puede resolver el problema de la falta de vivienda cuando no existe una red de Seguridad Social y es casi imposible que alguien que se queda sin hogar pueda salir de esa rueda. Necesitamos trabajadores sociales, no policías”.
Fuente: eldiario.es

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