No tocarán instalaciones comprometidas con DD.HH.

Tras las quejas de organismos de Derechos Humanos, el Gobierno aseguró ayer que durante la construcción de un parque nacional en terrenos de Campo de Mayo “no se tocarán” las “instalaciones que estén comprometidas” con las investigaciones por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar.

“La Secretaría de Derechos Humanos también va a ser parte de la mesa de trabajo y las instalaciones que estén comprometidas con los derechos humanos no serán tocadas”, aclaró el ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Sergio Bergman, luego del rechazo de las organizaciones, que coincidieron en que la medida podría “entorpecer los juicios por venir”.

El funcionario nacional explicó que el anuncio del presidente Mauricio Macridurante la Asamblea Legislativa consiste en una “nueva modalidad de reservas y parques para poder tener un uso sustentable, para que los vecinos puedan tener a corta distancia la posibilidad de conectar con la naturaleza”.

En declaraciones a FM Delta, Bergman sostuvo que “es un sistema interconectado en entornos urbanos” y explicó: “Ya tenemos uno de la reserva de Otamendi, después en la zona de Campana, también trabajamos en el Delta, el Parque Iraola y Campo de Mayo sumará un centro de entre 3.000 y 4.000 hectáreas que van a ser parte del proyecto”.

“No va a ser un parque nacional tradicional. No es una plaza tampoco. Es para el uso de los vecinos y para que lo usemos para educación ambiental”, subrayó el ministro.

El anuncio de Macri generó críticas entre los organismos de Derechos Humanos, que suscribieron un comunicado conjunto para rechazar la iniciativa.

“En Campo de Mayo, durante la última dictadura cívico-militar, funcionó uno de los Centros Clandestinos de Detención más grandes de la Argentina. Por allí pasaron al menos 5.000 víctimas y nacieron muchos nietas y nietos apropiados durante el terrorismo de Estado”, señalaron los organismos.

Según indicaron, “las investigaciones acerca de los crímenes de lesa humanidad cometidos en ese regimiento, perteneciente al Ejército Argentino, aún continúan en curso”.

“Los familiares estamos a la espera de juicios que den cuenta de lo que le hicieron a nuestros seres queridos que pasaron por allí y aún buscamos a muchos bebés que nacieron durante el cautiverio de sus madres en ese centro clandestino”, subrayaron.

A la vez, señalaron que “Campo de Mayo es un espacio de prueba para juicios de lesa humanidad que están por venir, cualquier modificación puede entorpecer el testimonio fundamental de un sobreviviente”.

“Por otro lado, la justicia continúa recibiendo denuncias de cuerpos enterrados en ese lugar y frecuentemente se realizan excavaciones para verificar si alguno de esos restos pertenece a nuestros desaparecidos y desaparecidas”, indicaron.

Además, recordaron que “la iniciativa se contrapone con lo establecido por la Ley de Sitios de Memoria del Terrorismo de Estado, que tiene como objeto la preservación de estos espacios a los fines de facilitar las investigaciones judiciales, como asimismo, para la preservación de la memoria de lo acontecido durante el terrorismo de Estado en nuestro país”.

El documento fue firmado por Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea fundadora, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas y el Centro de Estudios Legales y Sociales, entre otros organismos.

Campo de Mayo tiene una superficie total de 8.000 hectáreas y está situado a 30 kilómetros del centro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los límites de los partidos de Tigre, San Martín, San Miguel, Tres de Febrero y Hurlingham, en la provincia de Buenos Aires.

El área fue creada en 1901 por el entonces presidente Julio Argentino Roca, con la idea de destinarlo a la práctica de instrucción militar con armas combinadas, así como para el ejercicio y desarrollo de aptitudes de jefes y oficiales.

Actualmente funcionan en sus instalaciones el Comando de Institutos Militares y las Escuelas de las armas de Caballería; de Infantería; de Comunicaciones; de Artillería, entre otros organismos castrenses.

También existe una prisión militar donde cumplen condena uniformados juzgados por violaciones a los derechos humanos.
Fuente: diariopopular.com.ar

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