Quien ampara la corrupción es aún más corrupto

La pasada semana se conoció que el vicepresidente del Uruguay, Raúl Sendic, se vio forzado a renunciar acorralado por una investigación judicial sobre corrupción. Dos elementos sustanciales enmarcan este episodio y mueven a que se lo coloque en paralelo con nuestro país. Es que la acusación provino del propio partido por “un proceder inaceptable en la utilización de dineros públicos”. Ello desembocó en un escándalo político que salpicó al Frente Amplio y más llamativo resulta el hecho de que no se encuentre ningún antecedente de este tipo en la historia de esa nación. Alguien dijo que la imputación es exagerada en tanto se originó en una compra de elementos personales de poca monta, utilizando la tarjeta de crédito de la Ancap (Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland) donde Sendic ocupara un cargo. Pero aparecen otros puntos que complicarían la situación. No obstante es imposible no comparar esta circunstancia con las graves denuncias que pesan sobre el ex vicepresidente argentino Amado Boudou, que se atornilló a su sillón (y a sus fueros) hasta el fin de su mandato, porque quien debía pedirle la dimisión lo designó y compartió con él similares desvíos morales poblando juzgados con graves acusaciones. Un blooper del ex presidente José Mujica lo dejó mal parado, al opinar que las compras de su ahijado político tuvieron bajo costo. El presidente Tabaré Vázquez tampoco lo consideró grave. La respuesta dada por el Tribunal de Ética fue aleccionadora: “El enriquecimiento ilícito no es una cuestión de monto”. Siempre resulta útil posar la mirada en nuestros vecinos del continente.

La renuncia de Sendic –hijo de uno de los fundadores del Movimiento Tupamaros- no parece terminar con el problema, ya que la justicia penal de su país revisa su actuación en la Ancap, en tanto en su propio partido estiman casi seguro un procesamiento. Pero hay otros condimentos emparentados con el estilo kirchnerista: se menciona una fiesta para inaugurar una planta donde fue invitada Cristina Fernández y decenas de episodios que hablan del uso de aviones de la empresa estatal para traer y llevar al entonces ministro de Economía argentino Axel Kicillof a un acto de campaña del Grupo Sendic.

Estas picardías han sido usuales y con nulas sanciones en nuestro país, incurriéndose en varios tipos de peculado mediante la utilización de bienes y dineros públicos para asuntos ajenos a la función (CFK fletó uno de los aviones presidenciales para trasladar a su hija a Santa Cruz para el cumpleaños de una amiga y Sergio Urribarri le prestó el helicóptero de la Policía provincial a Daniel Scioli en su campaña electoral para visitar Corrientes). La lista de estas vulneraciones –donde se obra como si el Estado fuera de propiedad particular- es muy variada.

Mujica busca minimizar el episodio y lo define como exagerado como para hacer caer a un vicepresidente, pero el Tribunal de Conducta Política y Ética del Frente le sumó irregularidades que aumentan la entrada en desgracia (Sendic se exhibía como licenciado en Genética Humana con medalla de oro, una carrera inexistente en la universidad cubana donde decía haberla cursado). En la línea sucesoria se convertiría como segunda de Tabaré Vázquez, la senadora Lucía Topolansky, esposa de Mujica.

Hasta aquí los hechos y las cosas, Queda claro que no se es algo corrupto; se es corrupto y listo. Y este escándalo en el Uruguay –una pizca comparada con el monstruoso cuadro dejado por el kichnerismo, obligando a que jueces y fiscales deban trabajar a destajo- obliga a profundas reflexiones.

Amado Boudou –vicepresidente de nuestro país al igual que Raúl Sendic en el suyo-, llegó al cargo gracias al rígido índice de Cristina Fernández, a quien nada importó su extracción ucedeísta y escasa gimnasia militante. Años después se lavó descaradamente los pies en la fuente frente a la Casa Rosada, emulando a los exhaustos obreros de octubre del ‘45 que pedían la libertad de Juan Perón (¡si resucitara Arturo Jauretche!).

El ambicioso joven tal vez vio que ser presidente alterno, más que una responsabilidad era una ocasión propicia para elevarse financieramente, asegurándose un futuro brillante y desprovisto de preocupaciones.

Abordemos sólo algunas sus andanzas. Cobró publicidad del Estado para sus empresas; previo a ser vicepresidente fue ministro de Economía y como tal manejó el canje de la deuda externa designando coordinador al Barclay Bank de Inglaterra, accionista de la empresa Desire Petroleum que sustrae nuestros recursos petrolíferos en Malvinas (en este asunto y abusando de su posición ventajosa, reveló a ciertas personas datos reservados que les permitieron operar y especular en el mercado financiero con pingües ganancias); otra travesura fue que –siendo ministro y a través de una empresa suya casi inoperable- le cobró a un ente oficial de Formosa 7,6 millones de pesos por asesoramiento en la reestructuración de la deuda provincial con el Estado nacional; y como frutilla del postre el intento de su empresa The Old Fund, por quedarse con la impresión de billetes para el banco Central que poseía Ciccone Calcográfica (causa que se halla próxima al juicio oral).

En 2015 la ex ministra de Economía K, Felisa Miceli, fue condenada a tres años de prisión condicional, el pago de una multa de 100.000 pesos e inhabilitación por seis años para ejercer cargos públicos, por “encubrimiento agravado de una maniobra irregular” (lavado de dinero). En 1998 el ex director de Aduana durante la gestión de Raúl Alfonsín, Juan Carlos Delconte, fue condenado a diez años de prisión por “contrabando agravado y reiterado”. Estuvo preso sólo tres años y cuatro meses. Lo que vino años después fue un verdadero festival de la corrupción.

Geográficamente argentinos y uruguayos vivimos a ambas márgenes de un río que nos une, pero como se ve, en materia de moral política y tolerancia ante la corrupción estamos distantes. No es ocioso recorrer las situaciones producidas en otros vecinos del continente.

En agosto de 2016, la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, fue destituida tras ocho meses y 17 días de juicio por graves irregularidades. En Chile no hubo contemplación para con Sebastián Dávalos (hijo de la presidente Michelle Bachelet) y su esposa Natalia Campagnon, incursos en irregularidades en negocios inmobiliarios. Citados a declarar por la Fiscalía Regional de O’Higgins por tráfico de influencias y uso de información privilegiada (un delito como el cometido por Boudou), lo echaron a Dávalos del cargo de director Socio Cultural de la Presidencia.

El matrimonio obtuvo un crédito de 10,4 millones de dólares del Banco de Chile siendo socio del 50 por ciento de la empresa Caval Limitada, con un capital de apenas 9.700 dólares. Ello ocurrió al otro día de que Bachelet ganara las elecciones para el alto cargo. Con ese dinero se compraron terrenos en el municipio de Machalí, que fueron revendidos a un valor superior en 4,8 millones al costo de adquisición. La operación se consumó en el propio banco ante el presidente de la entidad. En vez de denunciar la conspiración, el gobierno simplemente lo separó del cargo.

En tanto los uruguayos se sobresaltan por el traspié de su vicepresidente, en Argentina nadie se conmueve ante corruptos seriales y que hace rato deberían estar entre rejas.

Esta semana el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Gualeguay le aplicó al ex intendente de esa ciudad, Luis Erro, dos años y tres meses de prisión condicional e inhabilitación para ejercer cargos públicos. ¿Motivo? Haber sacado energía eléctrica de un medidor público para un acto político de su partido (PJ). De ser ciertos y probados los descargos del enjuiciado –que exhiben solidez- la sentencia se torna arbitraria. Más allá de que en la Justicia recalan denuncias muy graves contra ex y actuales funcionarios provinciales -que dormitan en los ficheros-, lo que llama la atención es que se demoraron ocho años para el fallo de marras (que aún no está firme).

Esta semana llegaron a nuestro país para disertar dos prestigiosos juristas. Se trata del juez italiano Antonio Di Pietro y su par, el juez federal brasileño Sergio Moro. El primero condujo el proceso Mani Pulite (manos limpias) que persiguió y llevó a la cárcel a mafiosos de todo pelaje. Rescatamos una frase suya: “Los ciudadanos deben exigir a los jueces que actúen contra la corrupción organizada de políticos, funcionarios y grandes empresarios”. El segundo lideró la investigación conocida como Lava Jato, cuyo escándalo trascendió las fronteras de su país y hoy salpica a políticos, lobbistas y empresarios argentinos.
Por Luis María Serroels
Fuente: analisisdigital.com.ar

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