Un proyecto de ley de Cobos quiere obligar a YPF a entregar garrafas de gas al precio oficial

Cuatro de cada diez hogares del país calefaccionan, calientan el agua y cocinan con gas de garrafa. Suelen ser las viviendas de menores recursos y son los que están más desprotegidos. La garrafa de 10 kilos tiene un precio oficial de $134,38, pero es difícil de conseguir.

Por ello, el senador de Cambiemos por Mendoza, Julio Cobos, presentó la semana pasada un proyecto de ley para que el Estado, a través de YPF, asegure que la garrafa de gas llegue a los 3,5 millones de hogares que se valen de este combustible al precio oficial.

El texto propone declarar a la industria del Gas Licuado de Petróleo (GLP), que manufactura las garrafas, como “servicio público”. Y que el Estado venda el GLP “a consumidores mediante las estaciones de servicio de todo el país que tengan la bandera de Yacimientos Petrolíferos Fiscales S.A. (YPF)”. Además, el Ejecutivo debe, “por sí o a través de YPF”, vender el gas envasado a organismos provinciales o municipales para “garantizar su distribución a precios justos”.

Que el GLP sea declarado “servicio público” trae consecuencias. Faculta al Estado a regular todavía más un sector en el que interviene, ya que fija cuotas de distribución y precios máximos. De concretarse, el precio de la garrafa debería definirse en audiencias públicas, por ejemplo, como sucede con la tarifa del gas de red, que sí es un servicio público. “Hay una asimetría legal entre los usuarios de la red de gas y los de garrafa y eso permite el abuso en los precios de la garrafa”, interpretaron cerca de Cobos.

“Resulta arbitrario que el bien que deben comprar aquellos ciudadanos con menores ingresos y sin acceso al servicio público de red de gas carezca de la misma igualdad legal con la que sí cuentan los ciudadanos de ciudades con mejor infraestructura e ingresos”, argumentó Cobos en su proyecto de ley.

El GLP es, en los hechos, un sector muy regulado. El Estado fija los precios del gas en eslabón de la cadena y dispone a qué valor deben vender las garrafas los distribuidores a los usuarios finales. La garrafa de diez kilos debe comercializarse a no más de $134,38; la de 12, a $161,26, y la de 15, a $201,58.

Ocho de cada diez hogares que usan garrafas reciben un subsidio del Estado. El Programa Hogar, para los usuarios de menores recursos, deposita en las cuentas bancarias de los beneficiarios 114,38 pesos por cada garrafa de gas de diez kilos que, se calcula, se necesita para cubrir el mes. El cálculo surge de la composición familiar, la zona geográfica y la época del año. La intención oficial es que esa vivienda pague 20 pesos por garrafa. Claro que, para eso, debe conseguir el combustible al precio regulado.

Para acceder a los precios oficiales, los usuarios deben acercarse a la distribuidora más cercana. Según denuncian, estas entregan las garrafas, pero con cupo. En cambio, -un sector que está en una zona gris- comercios y transportistas compran los tubos sin restricción. Revenden las garrafas de 10 kilos a entre 220 y 240 pesos, según distintos testimonios. Remarcan el precio casi en un 80 por ciento.

El Ministerio de Energía de Juan José Aranguren indicó que realiza inspecciones cotidianas, aunque admite que es un problema sin resolver. El Gobierno busca cerrar acuerdos con municipios y secretarías de comercio provinciales para avanzar en los controles.

Pero las empresas que deben abastecer el producto a los usuarios finales no coinciden. Una de las distribuidoras de gas de red más grandes del país, que debe abastecer con GLP a pequeños poblados que calefaccionan con “chanchas” comunitarias, debió llamar semanas atrás a un comité de emergencia a toda la cadena porque las productoras no le vendían el gas necesario para cumplir con esa obligación.

Los distintos sectores rechazan el proyecto de Cobos. Sostienen que no se requiere una mayor regulación, sino más inspecciones.
Fuente: saladeprensa.net

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